Las preferentes son un producto legal y sin embargo acumula ya varias sentencias en su contra, como ésta que se conoce hoy y que se ha producido en el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Daimiel:
"El juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Daimiel ha condenado a Bankia a devolver a una pareja la cantidad de 246.700 euros que habían adquirido en participaciones preferentes de la entidad.
La sentencia, a la que ha tenido acceso hoy Efe, considera nulas las órdenes de compra de participaciones preferentes que realizaron los clientes durante los años 2009 y 2010.
El juez se basa en que existió un error como vicio del consentimiento a consecuencia de la falta de información que recibió el cliente por parte de la entidad.
En este sentido, señala que no se le informó sobre "la cosa que constituiría el objeto del contrato" y sobre aquellas condiciones que principalmente habrían dado lugar a su celebración.
De igual modo, la sentencia recoge que el contrato suscrito entre las partes es nulo de pleno derecho "por incumplimiento de los deberes de información al consumidor minorista", tal y como recoge la normativa que se debería aplicar.
El titular del juzgado estima la posibilidad de que Bankia pueda interponer recurso contra la sentencia en un plazo de 20 días."
¿Cómo se explica esta circunstancia? Parece claro, se trata de mala praxis, de engaño, de ocultar información relevante al cliente y hacer prevalecer el interés empresarial sobre el de los depositantes recurriendo a la mentira y el fraude. Las sentencias condenan a las entidades pero no parece castigar a los instigadores, con nombres y apellidos, de esa práctica dirigida a un engaño premeditado, alevoso, sistemático, como el que se ha producido a través de distintas entidades bancarias y empresariales.
El engaño era parte del producto y su colocación, no un error ni un accidente. Las sentencias se sucederán para quienes puedan demostrar el engaño pero no para quienes sintiéndose ahora engañados no puedan acreditarlo. Y los diseñadores de esa estrategia de engaño sistematizada, los auspiciadores de ese proceder fraudulento, no pasarán por el banquillo y serán arropados por la cohorte de abogados para que la responsabilidad sea asumida por la entidad, como si esta tuviera capacidad propia e independiente.
Y el Banco de España hará su nuevo papelón, el órgano regulador más inútil de los que pagamos porque no cumple con sus obligaciones hipotecado al poder político que lo maneja a su gusto. Porque tampoco sus presidentes pagarán el peaje de su irresponsabilidad y mala gestión.
Por eso conviene alegrarse de sentencias como la del juzgado daimieleño, aunque sean recurribles, porque al menos la justicia parece dejar claro que lo sucedido con estos productos y las entidades que los ofrecían merecen toda la condena por su perversa forma de tratar a sus clientes hasta conducir a muchos de ellos al engaño.
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