Un informe de legalidad es simplemente eso, un documento expedido por un órgano autorizado a realizarlo para expresar si una actuación o decisión se ajusta a la legalidad. Si una vez realizado existe discrepancia por alguna de las partes pues estas están en su derecho de recurrir a otras instancias, como los tribunales, para dirimir lo correcto o no de tal decisión o actuación.
Al parecer el grupo municipal socialista ha decidido, no conforme con el informe en cuestión y asesorados legalmente por sus servicios jurídicos, recurrir a los tribunales para que juzguen el asunto de la posible ilegalidad, incompatibilidad o el presunto cohecho que creen apreciar en el tema de la concejal Torija, y al margen de la intencionalidad que pueda moverles están en su derecho de hacerlo, aunque en ello se jueguen mucho tras apostar fuerte.
Escucharemos, pues, hablar mucho de este tema en los próximos días, semanas o meses, si el asunto sigue para delante, y lo que está claro es que, con tribunales por medio, las relaciónes entre equipo de gobierno y grupo municipal socialista se envenenarán y agriarán todavía más de lo apreciado durante lo que va de legislatura.
Yo no espero mucho, a pesar de judicializar el tema, porque los tribunales no suelen atender a las éticas y estéticas, donde parece más claro que ha habido cierto trato de favor por ser quien era, pero ya veremos como discurre todo.
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