Una ley educativa que no nace ni del consenso político ni del trabajo y participación de los docentes y que, a cambio, es aprobada con el rechazo de todos los partidos de la oposición y la desafección de la comunidad educativa es una ley muerta, impuesta pero repudiada por los sectores que han de padecerla.
Es la historia de las leyes educativas en este país, hechas de espaldas a la comunidad educativa, cargadas de intención política y necesariamente inútiles, o peor, lesivas para la propia educación que ha de estrenar la enésima torpeza de cada gobierno de turno.
No se engañen, la ley es correctora de ciertos errores y acentuadora de otros, pero un fruto político que ha excluido todo debate real en el mundo académico y educativo para quedarse en el pim-pam-pum parlamentario. Y no es fruto de un intento serio de mejorar sino de una acción de ahorro económico, control ideológico e imposiciones de mayoría absoluta.
Y como ha nacido muerta y hasta la oposición la ha anunciado como "la ley más breve de la democracia" por el compromiso tácito de liquidarla en cuanto deje de gobernar el PP, aunque sobreviviera otra legislatura su lenta implantación ya avanza un nuevo capítulo, una nueva ley que, me temo, padecerá de los mismos males que ésta: falta de consenso, falta de participación real en su elaboración de los diversos sectores educativos y planteamiento ideológico que arrime el ascua a la sardina del gobierno del momento. Un presunto muerto más para este cementerio que es la legislación educativa en España, quizás hoy más un "wertedero".
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