El Anteproyecto de la Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de las Administración Local plantea la posible supresión del servicio que hasta ahora dan los ayuntamientos a través de sus Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMICs) sin que, por ahora, establezca mecanismo alternativo para garantizar ese servicio. Y pongo sobre la mesa una pregunta: ¿ a quién beneficia la supresión de las OMICs ?
No sé contestarla. O quizá no quiero. Pero está claro que este servicio municipal es un mecanismo de arbitraje sobre temas concretos de consumo que creo bastante efectivo, por lo menos en lo que a mí me ha tocado utilizarlo y en el conocimiento de gestiones resueltas a personas cercanas, que tiene aquí en Daimiel bastantes usuarios y que tiene la ventaja impagable de la cercanía para aquellos consumidores que, en algún momento de sus vidas, se encuentran con situaciones que no saben resolver por desconocimiento en la manera de abordar sus reclamaciones, a quién deben dirigirse y el mecanismo para hacerlo, y que suelen encontrar respuesta en dicho servicio municipal.
Por lo tanto, desde el punto de vista de los consumidores, de la gente de a pie, es un servicio valorado, necesario, muy utilizado. Un recurso imprescindible con bastante aceptación social.
Por otro lado, desde el punto de vista económico no me parece que suponga una carga demasiado pesada para las arcas municipales, incluso ahora que funciona en una dependencia municipal autónoma. Y, desde luego, si hablamos de rentabilidad social no parece ni de lejos discutible que la tiene y me remito a la utilización de dicho servicio por parte de los daimieleños y que las estadísticas que se ofrecen de vez en cuando a través de los medios demuestran.
¿A quién beneficia, pues, esta supresión, si termina por ser definitivo el texto legal o no varía en este apartado y si, como hasta ahora, no hay planteada alternativa ninguna para dar protección a los consumidores de manera cercana y eficiente?
Desde mi punto de vista cerrar las OMICs sería un grave error y un duro revés a la defensa de los derechos de los ciudadanos en el ámbito local. Y la situación de las economías en la mayoría de los ayuntamientos, el daimieleño también, posibilitan que con el anteproyecto en las manos, éste pueda ser un servicio a suprimir.
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