Hoy, en el coche, poco antes de las dos, iba escuchando un trozo de entrevista en Radio Daimiel al concejal David Gómez-Cambronero. Supongo que era grabada, aunque eso es lo de menos, y en ella se le preguntaba por la futura ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Por su respuesta yo no sé si estaba escuchando a alguien muy confiado en sus correligionarios políticos o a un formidable ingenuo, ya que contestaba que ellos, el Ayuntamiento de Daimiel, estaban muy tranquilos al respecto, tras el seguimiento cercano que estaban haciendo de dicha ley y lo que entendían es que ponía orden y clarificaba a qué administraciones correspondería financiar los servicios correspondientes de entre los que ahora sufragaba parcial o totalmente el propio ayuntamiento.
Entiendo que, sobre el papel, esto es estupendo, que el ayuntamiento afronta servicios que no les competen pero son necesarios y que esto debería asumirlo la administración pertinente aliviando de esa carga financiera a las administraciones locales. Pero bajando a la realidad ¿cómo se puede estar tranquilos respecto a que administraciones provinciales, como la Diputación, o regionales, como la Junta, afronten servicios en marcha cuando, hasta el momento, ni tan siquiera hacen frente a algunas de sus obligaciones que han llevado al cierre de servicios en muchas localidades o a esfuerzos extras a esos ayuntamientos para no cerrarlos, dada la eliminación de determinadas subvenciones o los retrasos en pagar altas cantidades a las administraciones locales, especialmente por parte del Gobierno Regional?
Ha puesto David el ejemplo del Centro Alzheimer, cuya financiación correspondería a la Junta con la nueva ley. ¿Por qué está tan seguro de que la Junta mantendrá todos esos servicios que ahora funcionan financiados por los ayuntamientos parcial o totalmente?, ¿por qué está tan seguro de que, en esa obligación de financiarse desde la administración regional, no terminarán por cerrarse algunos o muchos de esos servicios que, con la ley en la mano, ya no podrán serlo por los ayuntamientos tampoco si, como ahora, se retrasan pagos o eliminan subvenciones?
Yo, desde luego, no estoy tranquilo, viendo antecedentes. Pero no por el ansia recortadora de este gobierno popular solo, también por el afán derrochador y descontrolado del gobierno socialista acumulando deuda sin criterio. Creo que esta ley, y ya por el nombrecito hay que preocuparse, llamada de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, "palabros" que suenan a recorte, puede ser buena en muchos aspectos si se formula adecuadamente, si se desarrolla bien, si no se pliega a las presiones, si se cumple de manera correcta, pero tiene todos los riesgos para ser una ley desastrosa si no se toma en serio, se deja al albur del interés político y los peajes partidistas, no es cumplida por las partes en cuanto a la financiación y obligaciones que conlleva y se deja a los ayuntamientos, el eslabón más débil, con el culo al aire. Porque si el dinero no llega de quien debe está claro que el Centro Alzheimer, ejemplo que ponía el concejal, tendría que cerrar porque ya no habría lugar para actuar el ayuntamiento una vez definidas con claridad las competencias y los que perderían finalmente serían los usuarios y Daimiel, y aunque David diga que esta ley aliviaría obligaciones al ayuntamiento que podría dedicar ese esfuerzo económico a otros campos de competencia municipal ese servicio, u otros, estarían ya perdidos.
Ya digo, no sé si veo demasiada confianza o demasiada ingenuidad en David, o simplemente las palabras políticas que toca decir ahora por su cargo, pero tranquilidad, tranquilidad, es lo que menos me sugiere esta ley viendo los precedentes.
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