Han tardado diez días en dar la rueda de prensa pero finalmente han saltado a la palestra para decirnos que según el informe de legalidad elaborado por la Secretaria Municipal la contratación de la concejal por parte de la empresa que firmó el convenio con el ayuntamiento daimieleño para realizar los talleres en el Centro de Mayores ni es ilegal ni incurre en incompatibilidad ni constituye delito alguno de cohecho.
No seré yo quien contradiga el informe, pues en temas jurídicos ando bastante pez, y ahora tocará mover ficha a Cristina Maestre y su grupo municipal si no están de acuerdo y creen que hay razón para llevarlo a los tribunales, o si acaso prefieren no ir por ahí, reconocer su error y envainársela, lo que en cualquier caso queda a su voluntad, aunque en este segundo caso, y después de todo lo dicho, su situación quedaría en maltrecho estado.
Lo que sí me parece, personalmente, es que a nivel "estético" el asunto canta un poco. ¿Que la política no es estética? Puede que sea así aunque de siempre los políticos intentaron cuidar las formas, y en este caso no las tienen todas consigo porque, como se decía en algunos comentarios, no se ha actuado igual en algunos otros casos en los que los servicios se han externalizado, como el caso de la logopeda, y si ahora hablan de los años que llevaba Mª Carmen Torija realizando su labor y exhiben una carta del Consejo de Mayores en su favor creo recordar que también llevaba años aquella logopeda y que contaba con el favor de las familias de los usuarios. Pero bueno, no tienen que ser todo dos y dos son cuatro, o hay elementos que desconozco que justifiquen una contratación y otra no al margen de esa condición política que, pese a ser legal, no parece irrelevante.
Pero, en definitiva, y aquí señaló por qué creo que no es "estético", parece claro que si ese servicio no hubiera sido externalizado la contratación hubiera sido imposible, salvo que hubiera dimitido de sus tareas políticas, y eso lleva a la conclusión de que, de nuevo, las externalizaciones de servicios, eso que llamamos coloquialmente privatizaciones, descubren una nueva ventaja para quien las promueven y en las que quizá no habíamos reparado, pues la empresa que asume los servicios tiene completa libertad para contratar a quienes quiera sin ningún filtro previo y eso, mal usado, que no digo que lo sea por sistema ni algo endémico de dichas externalizaciones, puede dar lugar a colocaciones hac doc con perfil, algo que sería mucho más complicado desde la propia administración.
En fin, lo cierto es que Mª Dolores Martín de Almagro, portavoz del equipo de gobierno ha sido contundente: "Ni ilegalidad, ni incompatibilidad ni cohecho". Y la pelota ahora ya no está en su campo sino en el contrario. Esperaremos a ver que sucede, lo más pronto quizá en el pleno municipal del lunes que viene.
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